viernes, febrero 14, 2014

LA ECONOMIA POLITICA Y LA ETICA PUBLICA


Desde que Adam Smith  publicó su obra de Economía Política, “La riqueza de las Naciones”, diversos autores y escuelas han expuesto su definición de Economía Política, definiciones  vinculadas al aspecto de la economía en que cada autor o escuela estaban especializados o creían más relevante de la actividad económica, sin que se haya tocado a profundidad,  el tema de la ética pública, la ética aplicada, la bioética, la ética de la empresa y de la educación, la GenEtica, la ética de la información y la eco ética. Estas han sido desplazadas por las formas, encantos y figuras del dinero fácil, aquel que en volúmenes descomunales, hacen de esas >> pandillas en el poder<<, objeto de emulación y hasta de respeto.

De acuerdo con esos autores, parece adecuado definir la Economía Política como la “Ciencia” (¿) Social que estudia las leyes económicas de un sistema económico limitado por el tiempo y la estructura social y ahora limitado incluso por una cosa publica arrebatada por una mafia económica y  política impúdica, que además alardea de lo que carece; una cosa pública dirigida por políticos poco inteligentes,  chapuceros, con mentalidad orientada expresamente a la coyuntura, al dinero, al corto plazo, a hacerse ricos de la noche a la mañana.

Así pues, ¿qué se pretende con la actividad económica? La respuesta inmediata es: satisfacer las necesidades básicas del hombre, lastimosamente hoy convertidas todas a lo material, al dinero, al culto al lucro privado sobre la  moral pública.

Para entender mejor el tema de nuestros autores clásicos y modernos, anotemos que a lo largo de los últimos dos siglos se han desarrollado, fundamentalmente, tres teorías que tratan de explicar las relaciones que se establecen entre el fenómeno económico y el político:

1.    la tesis liberal de autonomía e independencia mutua entre lo político y lo económico;
2.    la tesis socialista, según la cual la política está subordinada a los fenómenos económicos;
3.    y la nacionalista, según la cual la economía sería sólo un apéndice de la política.

El primero de estos planteamientos, la disociación liberal entre economía y política, parte de la presunción de que las relaciones económicas que se dan en la sociedad son de distinta naturaleza que las políticas: mientras estas últimas son verticales, entrañan una subordinación y una autoridad, las económicas son libres, contractuales e igualitarias. Se trata, por tanto, de fenómenos de diferente naturaleza que no deben interferirse ni mezclarse. Esta tesis conduce, en el plano político, a una neutralidad absoluta del Estado en la vida social: es el principio del «laissez faire, laissez passer», según el cual el Estado no debe intervenir para nada en la regulación de la vida económica, limitándose a mantener políticamente el orden dentro del cual se realizan los intercambios. Es el postulado del Estado gendarme. La concepción liberal clásica disocia, pues, la economía de la política y la ética casi se vuelve individual, propia de cada uno. Desde su punto de vista, el crecimiento de la riqueza obedece a leyes de mercado, leyes naturales y no a una acción racional de la sociedad política: sólo la impulsa el libre juego de los intereses particulares.

El profesor Noyelle ha calificado la tesis liberal, con justicia, de utópica. Esta utopía consiste, precisamente, en lo ilusorio de la posibilidad de una economía independiente de la política. En su opinión, la economía liberal, precisamente, necesita para poder subsistir y desarrollarse de un orden político avanzado: sin un aparato político y administrativo muy perfeccionado la economía liberal sería imposible. La espontaneidad y el automatismo de la vida económica precisan una organización política muy evolucionada, justamente de la ética en la economía y, por otro lado, es inevitable que una parte, siquiera sea residual, de la economía, quede en manos del Estado, según Prélot, la economía liberal, lejos de ser el régimen del hombre salvaje, lo es del civilizado que ha alcanzado un alto grado de organización. Hoy día, el neoliberalismo ha abandonado las limitaciones del liberalismo clásico; admite la intervención del Estado en la economía, determinando los regímenes jurídicos que actúan como marco de los intercambios y defiende una planificación global de la economía que sólo puede ser realizada políticamente.

Frente a la tesis liberal, el socialismo descarta la autonomía de ambos fenómenos y somete la política a la realidad económica. La política, para el socialismo, no es más que un epifenómeno, una superestructura de la economía. El gobierno de los hombres es un reflejo del modo de producción de los bienes y servicios que precisa una sociedad para el “bien común”. Por esa razón, los socialistas, generalmente, han condenado la existencia misma del Estado como una cobertura de la explotación del hombre por el hombre. Para Proudhon, el Estado era sólo «un sistema artificial, que ha variado a lo largo de los siglos y de los climas, reputado de orden natural, necesario a la Humanidad, pero que en realidad es intrínsecamente malvado, no pudiendo ser corregido y que debe desaparecer». Proudhon propone, como alternativa al Estado, un sistema mutualista y libre que cree un equilibrio entre las fuerzas productivas y sociales; el federalismo, es decir, el mutualismo transferido a la esfera política, proporcionará la solución.

Marx, por su parte, considera inevitable la reabsorción de la política por la economía, a través de la desaparición del Estado: el mundo comunista, una vez realizado, implicará necesariamente, según él, una «socialización» total de la política que conducirá a la desaparición del aparato opresor del Estado.

Frente a socialismo y liberalismo, la ideología nacionalista convierte la economía en sierva de la política. Es, sobre todo, en la Italia fascista donde se lleva más lejos la lógica de este planteamiento doctrinal: a los tres elementos clásicos del Estado (territorio, población y poder) se suma un cuarto elemento que es la economía. Esta no debe medirse como resultado de esfuerzos individuales, sino en función de su eficacia en el cumplimiento de los objetivos del Estado. Se somete, pues, la economía a una programación autoritaria que no excluye, por otra parte, ni la propiedad privada ni el lucro individual. Pero, en cualquier caso, se la somete a los objetivos políticos del Estado. Por esa razón, el nacionalismo propone la máxima autosuficiencia económica del Estado dentro de sus fronteras: su ideal es la autarquía, que corresponde, en el plano económico, a la soberanía, en el plano político. La autarquía es un componente del totalitarismo en la medida en que constituye uno de los aspectos de la absorción de la sociedad por el Estado. Esta armazón está sostenida por un sistema corporativista cuyos órganos funcionan como medios de administración centralizada de la economía. El fracaso histórico de estas concepciones no necesita ser subrayado: en realidad, en ningún momento lograron tenerse en pie y jamás se logró alcanzar aquella autarquía ilusoria, pues la interdependencia de la economía mundial la convertía en utópica. El sistema funcionó, más bien, como una cobertura política brutal del tránsito del capitalismo clásico de competencia al capitalismo monopolista en Alemania e Italia. 

Así la ética publica en lo teórico, se liga en cualquier sistema a la economía política. Aun a pesar de que el prototipo del hombre moderno ha desvalorizado sus ideales, sus proyectos comunes, sus ideologías y sobre todo, sus utopías, queda esa ligazón en los extremos autárquico o mutualista. 

Ya en la practica, en este siglo, en esta sociedad, la ética publica no tiene cabida en las ideologías. Es más, solo se vincula a la conducta de lo banal y es por ello que se hace de vital importancia acabar con la soberbia de lo engendros de turno y construir una nueva forma de "obrar el bien", invitando con fuerza a participar en ese cometido, a quienes se han auto excluido del que hacer político y económico, por repugnancia o por irresponsabilidad. 

Y para "obrar el bien" requerimos primero, entender las causa y efectos de la crisis ética, aquella que nos ha llevado a niveles de la más grosera impunidad. 


Econ. Jorge Rodríguez-Torres








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