jueves, diciembre 14, 2006

Borrador para el ACUERDO NACIONAL

Borrador para discutir sobre un ACUERDO NACIONAL PREVIO que deberían notarizar quienes quieren ir a la Asamblea. Ellos deberían comprometerse de atemano, a defender las tesis planteadas en campaña por el movimento y grupos sociales que acompañaron a Correa.

La Asamblea no será solo para dar una nueva Constitución, sino para cumplir con el mandato ciudadano de cambiar las estructuras del País. Es indispensable proceder, a la reestructuración y fortalecimiento del Estado, proceso dentro del cual deben considerarse por lo menos tres aspectos: a) definir la estructura y las funciones políticas, económicas y sociales que deben tener las instituciones del Estado, con la finalidad de enfrentar las tendencias antihistóricas y disolventes del neoliberalismo; b) regionalizar geográfica y económica el país con el objetivo de establecer un moderno ordenamiento político del territorio; y, c) descentralizar la administración pública con el propósito de acercar el Estado a sus mandantes y mejorar su eficiencia en la prestación de los servicios públicos. *El objetivo será tambien NO OLVIDAR LOS ACTOS CORRUPTOS de los distintos poderes del Estado secuestrado por los grupos economicos ya identificados.*

ACUERDO NACIONAL DE GOBERNABILIDAD
PARA GARANTIZAR LA VIGENCIA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, LA TRANSPARENCIA Y LA JUSTICIA EN EL ECUADOR


Ante la opinión pública nacional e internacional, y como garantía de ciudadanos probos, nosotros LOS IMPULSORES DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE en el proceso CONFORMAR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO que en forma coordinada promueva y defienda el derecho ciudadano de participar activamente en una reforma profunda a la institucionalidad del Ecuador, declaramos libre y voluntariamente, nuestra decisión de cumplir, en el caso de ser elegidos a la ASAMBLEA CONSTITUTENTE, a ser coparticipes directa o indirectamente, los siguientes lineamientos mínimos para garantizar la construcción de una democracia participativa, la honestidad y la justicia en el Ecuador:

PRIMERO: EL ESTADO
Instaurar un Gobierno pluralista, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Promover la soberanía y participación activa del pueblo, reconociendo que su voluntad es la base de la autoridad. Reconstruir el Estado de Derecho y establecer los escenarios de un régimen democrático estable.
Estos lineamientos significan:
1. Respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantizan la Constitución Política de la República del Ecuador;
2. Activar entusiastamente una democracia ejercitada en la participación ciudadana;
3. Promover y respetar la independencia de los Poderes del Estado;
4. Incitar el desarrollo de la comunidad internacional, la estabilidad y el fortalecimiento de la integración, de manera especial la sudamericana;
5. Rechazar toda forma de colonialismo, de neocolonialismo y de discriminación o segregación;
6. Ejercer soberanía absoluta en todo el territorio nacional, incluyendo en puertos, aeropuertos, en el espacio aéreo, subsuelo y a lo largo de las fronteras;
7. Defender la unidad del territorio;
8. Apoyar a los organismos de control, ejerciendo la transparencia en la gestión y uso de los recursos públicos;
9. Impulsar la contraloría social para supervisar el uso y destino de los fondos del estado y para controlar una administración austera, eficiente y oportuna;
10. Generar una concertación política entre los sectores productivos con el fin inmediato de llevar adelante el programa de estabilización y desarrollo económico.

Constituye entonces un gran desafío político y humano afrontar simultáneamente la lucha contra la corrupción, la ineptitud y la ineficiencia gubernamental, y a la vez definir el espacio histórico que al momento le corresponde al Estado. Para ello, es de vital importancia buscar los acuerdos esenciales sobre las estructuras y sus funciones, de tal forma que sea el motor y no el obstáculo de las transformaciones sociales y de la gestión gubernamental.
Es indispensable proceder, a la reestructuración y fortalecimiento del Estado, proceso dentro del cual deben considerarse por lo menos tres aspectos: a) definir la estructura y las funciones políticas, económicas y sociales que deben tener las instituciones del Estado, con la finalidad de enfrentar las tendencias antihistóricas y disolventes del neoliberalismo; b) regionalizar geográfica y económica el país con el objetivo de establecer un moderno ordenamiento político del territorio; y, c) descentralizar la administración pública con el propósito de acercar el Estado a sus mandantes y mejorar su eficiencia en la prestación de los servicios públicos. El objetivo estratégico es fundar un Estado moderno sobre la base de lo detallado en el ANEXO No 1

SEGUNDO: LO ECONOMICO

El hombre y la satisfacción de sus necesidades básicas, son los puntos focales de la economía, por ello, quienes suscriben este documento, se comprometen a disponer de una estrategia de desarrollo dentro de la cual, el Estado cuente con suficientes poderes para distribuir de manera equitativa los frutos del trabajo y del desarrollo económico general. Esto supone que debe emprenderse en reformas económicas fundamentales, siendo las más importantes aquellas que se sitúan en los sectores, agropecuario, manufacturero, fiscal y financiero, con el objetivo de favorecer a las actividades del aparato productivo nacional que se orientan a satisfacer las necesidades vitales de las mayorías poblacionales, bajo criterios de efectividad y eficiencia, criterios, por lo demás, deliberadamente ignorados en la práctica política ecuatoriana.

Esto conlleva a lo siguiente:
1. Restituir la facultad de planificación estratégica al Estado, haciendo prioritario el contar con una agenda nacional de largo aliento que conlleve políticas de desarrollo humano y de promoción del ahorro y la inversión productivas;
2. Aplicar una política fiscal, tendiente no solo a conseguir el equilibrio fiscal, sino por sobre todo, a racionalizar el gasto público, haciendo del presupuesto del Estado, un instrumento de desarrollo. Se partirá de un presupuesto base cero, en donde el gasto corriente sea minimizado, dejando el mayor porcentaje presupuestario para la inversión pública. La política fiscal debe priorizar su función distributiva a través de los impuestos directos y del gasto para fines sociales;
3. Instrumentar políticas monetarias y crediticias, las mismas que deben servir para dinamizar la producción y el consumo, el ahorro, la inversión. La banca de desarrollo estatal, será el motor que impulse al aparato productivo que el Estado escoja alentar y a la vez servirá como un instrumento activo para morigerar las tasas activas aplicadas por el sistema financiero privado;
4. Afianzar a la empresa pública para la provisión de servicios básicos, particularmente de educación, salud, saneamiento ambiental, transporte, energía y de todos aquellos servicios que siendo indispensables para la satisfacción de las necesidades vitales, no tienen capital o atractivos financieros para el sector privado;
5. Recurrir a la concertación tripartita entre el Estado, empresarios y trabajadores para definir políticas de mediano y largo plazo, que generen riqueza e incrementen el empleo productivo y la productividad, mejoren la competitividad del aparato productivo y aumenten nuestras exportaciones;
6. Promover y respetar la inversión privada y a la vez velar por que ésta corresponda de manera efectiva a esas consideraciones;
7. Usar de manera racional los excedentes del ahorro público, hoy inermes en las cuentas del Banco Central. Renegociar los términos de la deuda externa con los organismos multilaterales, de tal forma que su servicio no signifique una carga que limite el desarrollo social y productivo. Suspender de manera definitiva el financiamiento externo para gasto corriente;
8. Asignar al turismo, a la agro industria y al petróleo, la condición de motores del desarrollo;
9. Promover de manera activa la promulgación de una Ley Anti Monopolio, con normas estrictas que respeten la competitividad de las empresas y garanticen el derecho de los consumidores;
10. Coadyuvar con la sociedad civil y con los organismos de defensa del consumidor, para que se constituyan en la vanguardia que vele por la calidad y los precios de los bienes y servicios del aparato productivo público y privado;
11. No renovar los contratos de prestación de servicios, asociación y explotación de los hidrocarburos y;
12. Declarar una veda por 10 años la explotación de bosques primarios de las provincias orientales y de Esmeraldas.

Después de 25 años de esperar al paraíso que nos pintaron los organismos multilaterales, enfrentamos un viraje consciente a la búsqueda de un nuevo arquetipo que enfrente con valentía a esa destrucción del estado nación, que reconstruya nuestra identidad y sobretodo, que reivindique nuestra soberanía y propia libertad.
Ciudadanos se unen en la búsqueda de un nuevo modelo que haga del hombre el principio y fin de su estructura. Se necesita converger al cambio con ideas y propuestas propias, en un acuerdo que lleve al país unido, a consensos mínimos, a trabajar de la mano en una agenda nacional que enfrente a la pobreza, al desempleo, a la ignorancia y a la corrupción. El objetivo estratégico es fundar un Estado moderno sobre la base de lo detallado en el ANEXO No 2

TERCERO: LO SOCIAL
Potenciar en lo social los horizontes del corto, mediano y largo plazo. Contar con políticas de Estado y no solo de Gobierno, para superar problemas inter generacionales, estructurales, históricos, que nos dividen y fragmentan, como los que emergen de la discriminación racial, de género o las discriminaciones múltiples, que se originan en tener uno de los niveles más altos de concentración de la riqueza y del ingreso; representada en desigualdad y una total falta de equidad; por ello se hace indispensable privilegiar la inversión en el capital humano, buscando asegurar la igualdad de oportunidades, su bienestar, su empleo, su salud y sobretodo su educación.
Esto implica dar prioridad a lo siguiente:
1. Cambiar con urgencia los sistemas de educación en sus formas y contenidos para desarrollar la imaginación creadora de todos los alumnos. El Estado debe mantener la gratuidad de la enseñanza pública en todos los niveles, Mejorar la calidad de la educación que otorga el Estado, así como el compromiso de mejorar la profesionalización, la calidad y las remuneraciones del magisterio.
2. Garantizar el cuidado integral de la salud de la población, poniendo énfasis en la prevención. Establecer el Sistema Nacional de Salud Publica como fuente de atención gratuita para quienes no cuenten con la seguridad social o ingresos para su cuidado particular;
3. Promover un sistema de pensiones que garantice una compensación razonable y de acuerdo con los aportes y el costo de vida; una atención con médicos y en centros hospitalarios a elección de los asegurados; un modelo de ahorro individual mixto con transparencia de las inversiones;
4. Garantizar la seguridad general de los ciudadanos, lo que significa emprender con una lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia;
5. Impulsar los programas de asistencia alimentaria gratuita en escuelas y colegios;
6. Activar las asignaciones para el Bono Solidario y hacer de éste, un instrumento de financiamiento parcial de actividades micro productivas comunitarias (Pymes y Micro-crédito) y;
7. Impedir el trabajo infantil. Defender los derechos de las personas mayores. Promover lugares de esparcimiento y desarrollo de los niños y para la tercera edad. Establecer canales de participación de los adultos mayores en su entorno económico, social y cultural.

CUARTO: LA ETICA PUBLICA
Ejercitar con el ejemplo, la honestidad en el desempeño de las funciones tanto públicas como privadas. Prevenir, detectar y perseguir de manera ejemplar todos los actos de corrupción vinculados al ejercicio de la función ejecutiva.
Esto implica:
1. Comprometerse a perseguir a los autores, co-autores, instigadores, cómplices, encubridores o en cualquier otra forma en de la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación de actos reñidos con la ley, con la moral y/o con la justicia;
2. Abstenerse de solicitar cualquier cargo público a sus familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad. Se entenderá cargo público en cualquiera de las organizaciones o entidades según las define la Constitución Política en su artículo 118;
3. Obligar a todos los organismos del estado, el manejo transparente de la información pública, de manera que se posibilite la participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general y la rendición de cuentas de las diferentes autoridades que ejerzan el poder público;
4. Velar porque todos los organismos y dependencias definidos en el artículo 2 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, publiquen por medios electrónicos las convocatorias para el concurso de ofertas y/o licitaciones previas a la selección de contratistas, así como los documentos precontractuales y demás documentación del proceso;
5. Promover de manera activa en los organismos y dependencias del sector público la celebración de pactos de integridad con el objeto de combatir la corrupción en la contratación pública, muy especial en aquella que implica la delegación al sector privado de servicios y obras públicas. Por pactos de integridad se entiende los acuerdos voluntarios, suscritos entre todos los actores que intervienen directamente en un proceso de contratación con recursos públicos, para fortalecer la transparencia, la equidad y la probidad de la modalidad contractual escogida;
6. Plantear una reforma integral en la Ley de Contratación Pública, incluyendo en ella la oferta y selección electrónica, la subasta electrónica, el establecimiento de un solo registro de proveedores “en línea”; la publicación del listado de contratistas incumplidos; el fortalecimiento del CONTRATANET;
7. Implementar de manera inmediata la Agenda de Conectividad y el E-Goverment o Gobierno en Línea.
8. Instaurar procesos para la implementación obligatoria de los Isos o certificaciones de Integridad, desarrollando Códigos de Conducta, Declaración Juramentada de bienes propios, comunes y de los familiares directos, Acuerdos de Transparencia y de Integridad.
Sin perjuicio del cumplimiento de la ley ecuatoriana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para los contratos, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación. Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores.
Estos son los acuerdos mínimos a los que se comprometen quienes suscriben el presente Acuerdo.
Para constancia de lo aquí expresado, los ciudadanos suscriben el presente documento, en la ciudad de Quito, a los del mes de diciembre de 2006


NOMBRE:
CED. ID No:


NOMBRE:
CED. ID No:


NOMBRE:
CED. ID No:


ANEXO No 1

PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL Y POLITICA DEL ESTADO ECUATORIANO

PROCEDIMIENTO PARA ESTA REFORMA
La reforma del estado, debe realizarse a través de una ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, como el único camino para lograr el cambio.
Los asambleístas deben nacer de la sociedad civil, que representen a todas las regiones del país.
Hay que aprovechar la Consulta Popular para preguntar al pueblo algunos temas importantes que ayuden a buscar el desarrollo armónico del país con justicia, igualdad y solidaridad, a más de sentar las bases de un programa de gobierno estructural, de largo plazo, independiente de la presión externa, especialmente en los siguientes temas:
1.- La convocatoria inmediata a la Asamblea Nacional Constituyente;
2.- Los temas relacionados a esta reforma política-constitucional para sentar las bases de un nuevo sistema político, auténticamente democrático, que ponga fin a la partidocracia y garantice la participación del pueblo en las grandes decisiones del estado.

PROPUESTAS DE LA REFORMA POLITICA
Creemos que la reforma debe atacar especialmente en forma directa y frontal, a las leyes de ELECCIONES, PARTIDOS POLITICOS Y GASTO ELECTORAL.
Las agrupaciones sociales estiman indispensable eliminar la obligatoriedad del voto, aquella que es la base fundamental para el sostenimiento de políticos y de tendencias al servicio de los grupos económicos. El dinero hace presa fácil de la ignorancia y los dólares absorben las conciencias de quienes son capturados por la propaganda, aquella que genera esperanza y deseos de reivindicaciones que a la larga nunca llegan.
Esos cambios se sintetizan en los siguientes sectores:
I.- FUNCION EJECUTIVA
1.1.- Eliminar la segunda vuelta electoral, para evitar gastos innecesarios conjuntamente con los diputados para dar mayor gobernabilidad.
1.2.- Poner requisitos exigentes para ser Presidente y Vicepresidente de la República, incluyendo, el no haber participado en golpes de estado, no ser deudor moroso contra el estado y gobiernos seccionales, no tener intereses ni como persona natural o como representante de una persona jurídica con contratos con el estado por lo menos cinco años antes de su elección, no haber sido enjuiciado penalmente por ningún delito o tener juicio penal pendiente, tener título académico de cuarto nivel y haber ejercido su profesión con idoneidad y honradez.
1.3.- Al vicepresidente entregarle tareas importantes como la planificación de la tareas fundamentales del estado, el sector social, la lucha contra la pobreza y la seguridad del estado.
1.4.- Con relación a la cesación de las funciones del Presidente y Vicepresidente, incluir como causa para esta cesación, el incumplimiento del Plan de Gobierno presentado a consideración de la ciudadanía en el proceso electoral, el exceso de gasto electoral, recibir dineros del exterior y narcotráfico para la campaña electoral, pero, la cesación del presidente por cualquiera de los motivos que fuere debe darse a través de un enjuiciamiento político y siguiendo el debido proceso.
1.5.- Entre las atribuciones del Presidente está la elaboración de los reglamentos a las leyes que se expiden, que debe hacerlo en forma obligatoria en el plazo de 60 días impostergables.
1.6.- Eliminar la potestad de designar al Contralor General del Estado.
1.7.- Los Ministros de Estado deben tener los mismos requisitos que para Presidente de la República y demostrar especialización en la materia encargada a sus funciones.
II LA FUNCION LEGISLATIVA
2.1.- Eliminar la reelección de los legisladores.
2.2.- Exigir los mismos requisitos que para Presidente de la República a los diputados, incluyendo especialidad y título académico.
2.3.- Congreso Bicameral: una cámara legislativa (Senadores) y una cámara fiscalizadora (Diputados), debidamente normado su ámbito de acción y con requisitos de especialidad y honorabilidad.
2.4.- Eliminar la forma de elegir al Presidente y Vicepresidentes del Congreso, para que sea mediante elección general y secreta de sus integrantes, cuya duración será de dos años, no pudiendo ser reelegidos.
2.5.- Eliminar la atribución de nombrar a otros funcionarios de Organismos del estado, simplemente sus propias autoridades, manteniendo la capacidad de fiscalizar a las demás funciones y organismos del estado llegando incluso a destituirlos, pero sin la capacidad de nombrarlos.
2.6.- La destitución de los diputados y legisladores deben realizarse aplicando el Código de Etica y siguiendo el debido proceso, determinando la razón de su comportamiento frente a la sociedad, para evitar que los dueños de los partidos impongan acciones que incluso llegan a ser contrarios con la legalidad y honestidad de los legisladores.
2.7.- Los Legisladores, funcionarios públicos de libre remoción, Ministros de Las Cortes Suprema, Superiores de Justicia, Jueces, Fiscales, Funcionarios de los Organismos de Control, y entidades autónomas Oficiales Superiores de la Fuerzas Armadas y Policía Nacional, deben declarar anualmente su patrimonio y el patrimonio de sus parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad para determinar si ha existido enriquecimiento ilícito y solicitar su enjuiciamiento penal. Igualmente se debe crear una Veeduría para fiscalizar actos de corrupción, y delitos contra la administración pública de funcionarios de libre remoción y de elección popular, desde 15 años atrás para determinar si sus ingresos se justifican con sus bienes que actualmente poseen y determinar responsabilidades.
2.8.- Los miembros de la Comisión de Codificación deben ser profesionales nacidos de los Colegios de Abogados del país sin tener los mismos requisitos que para Ministro de la Corte Suprema de Justicia.
2.9.- Reducir el número de diputados considerando que deben estar uno por cada provincia del país y un adicional por cada 500.000 habitantes o fracción de 250.000.
2.10.- Candidaturas por distritos debidamente conformados por el Comité Nacional Electoral.

III LA FUNCION JUDICIAL

3.1.- La Corte Suprema de Justicia no debe estar conformada por ministros que tenga la calidad de vitalicios, sino deben durar cinco años en sus funciones y podrán ser reelegidos.
3.2.- Deben provenir de la designación de una comisión de calificación y evaluación conformada por representantes de colegios electorales universales de los abogados en libre ejercicio profesional con dos años de afiliación, de los profesores de las facultades de jurisprudencia de la universidades legalmente reconocidas por el Conesup con 10 años de anterioridad por lo menor y por los funcionarios y empleados de la Función Judicial del país en forma universal y secreta; El Consejo Nacional de la Judicatura debe ser conformada por 5 miembros provenientes por la misma comisión de calificación y evaluación.
3.3.- Las vacantes que se produzcan en medio período se realizará mediante cooptación.
3.4.- Las Cortes Superiores durarán 5 años en sus funciones y podrán ser reelegidos y promocionados por méritos a la Corte Suprema y serán elegidos mediante concurso de merecimientos y oposición a través del Consejo Nacional de la de la Judicatura.
3.5.- Los Registros de la Propiedad pasarán a depender de los Municipios y los Registradores Mercantiles de las Cámaras de Comercio, durarán 5 años en funciones y no serán reelegidos. Tendrán rango de ministro de Corte Superior
3.6.- Exigir el cumplimiento de la unidad jurisdiccional para eliminar privilegios con las actuales Cortes Militar y de la Policía Nacional, creando, jueces y salas especializadas dentro de la propia función judicial.

IV LA FUNCION DE CONTROL

4.1- Es necesario crear una Función de Control para dar independencia en nombramiento y funciones a los Organismos de control del estado con las demás poderes del estado.
4.2.- Esta función debe estar conformada por el Tribunal de Cuentas (actual Comisión Anticorrupción), Ministerio Público, La Procuraduría General del Estado, La Contraloría General del Estado, El Defensoría del Pueblo, Las Superintendencias de Bancos, Compañías y Telecomunicaciones, Inspectoría de Control de Gestión, que conformarán un consejo de control nacional con los funcionarios de estos organismos y con funciones y atribuciones específicas e independientes que deben ser elegidos en votación popular, universal y secreta en elecciones libres con los mismos requisitos establecidos para Presidente del República a mas de no ser afiliado a partido político alguno desde hace diez años antes de su elección y que se encargará de las políticas de control nacional, impulsando investigaciones para someter a conocimiento de los jueces competentes los presuntos actos delictivos e ilícitos contra el estado y la sociedad.",

4.3.- Exigir el cumplimiento de la unidad jurisdiccional para eliminar privilegios con las actuales Cortes Militar y de la Policía Nacional, creando, jueces y salas especializadas dentro de la propia función judicial.

V LA FUNCION DE CONTROL
5.1.- Es necesario crear una Función de Control para dar independencia en nombramiento y funciones a los Organismos de control del estado con las demás poderes del estado.
5.2.- Esta función debe estar conformada por el Tribunal de Cuentas (actual Comisión Anticorrupción), Ministerio Público, La Procuraduría General del Estado, La Contraloría General del Estado, El Defensoría del Pueblo, Las Superintendencias de Bancos, Compañías y Telecomunicaciones, Inspectoría de Control de Gestión, que conformarán un consejo de control nacional con los funcionarios de estos organismos y con funciones y atribuciones específicas e independientes que deben ser elegidos en votación popular, universal y secreta en elecciones libres con los mismos requisitos establecidos para Presidente del República a mas de no ser afiliado a partido político alguno desde hace diez años antes de su elección y que se encargará de las políticas de control nacional, impulsando investigaciones para someter a conocimiento de los jueces competentes los presuntos actos delictivos e ilícitos contra el estado y la sociedad.

VI.- LA ORGANIZACION ELECTORAL
6.1.- Se debe crear la CORTE NACIONAL ELECTORAL y el COMITÉ ELECTORAL NACIONAL.
6.2.- La Corte Nacional Electoral deberá conformarse por tres miembros, elegidos por el mismo comité de calificación y evaluación encargada de designar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, con los mismos requisitos que para esta magistratura y conocerán los conflictos jurisdiccionales en materia electoral de última y definitiva instancia, sin lugar a otro tipo de reclamación.
6.3.- El Comité Electoral Nacional se encargará en forma independiente a organizar, vigilar las elecciones nacionales, seccionales y los colegios electorales, se conformará de cinco miembros con vocales elegidos en elecciones generales de personas que no pertenezcan a ningún partido político por lo menos 10 años antes de la elección, durarán cinco años en funciones y no podrán ser reelegidos.
6.4.- Los Comités Electorales Provinciales, igualmente se conformarán de 5 miembros mediante concurso de merecimientos y oposición con personas que no pertenezcan a los partidos políticos, y demuestren especialidad.
6.5.- Las candidaturas nacionales y seccionales para ser inscritas deben ser individuales o de partidos y en ambos casos recogerán el 1% del los electores del padrón electoral nacional o seccional de respaldo.
6.6.- Debe eliminarse la votación en plancha y las candidaturas deben ser individuales, constando en las papeletas por orden alfabético con la simbología del partido o movimiento que pertenezcan.
6.7.- Hay que crear veedurías electorales nacionales y extranjeras para controlar las elecciones.
6.8. Impulsar el voto electrónico.
6.9.- Las Juntas Receptoras del Voto deben ser constituidas por estudiantes universitarios y secundarios y no por representantes de los partidos políticos, aunque pueden nombrar delegados para los escrutinios en las Juntas receptoras del voto y en los centros de cómputo de los Comités Electorales Nacional y Provinciales.
6.10.- Democratizar a los partidos políticos mediante reformas a la Ley de Partidos Políticos, eliminando la reelección de sus dirigentes, para lo cual El Comité Electoral Nacional nombrará veedores para controlar el cumplimiento de la Constitución y la Ley.
6.11.- Poner exigencias en la conformación de partidos y movimientos políticos para su aprobación, especialmente sus estatutos para conseguir efectivamente una participación democrática de sus militantes, incluyendo sanciones.
6.12.- Controlar el Gasto electoral en montos reales, eliminar la entrega de recursos económicos por parte del estado a los partidos y movimientos políticos y que el gobierno entregue espacios de participación en los medios de comunicación social en forma igualitaria a los candidatos independientes o de partidos políticos.
6.13.- Imponer sanciones para eliminar el financiamiento externo o de dudosa procedencia a las candidaturas nacionales o seccionales.
6.14.- El voto debe ser facultativo y no obligatorio
6.15.- Implementación efectiva del voto de los ecuatorianos en el exterior para elegir dignidades nacionales; así como garantizar la representación de los ecuatorianos en el exterior en la función legislativa, ya sea en calidad de senadores y diputados.

VII OTRAS PROPUESTAS
7.1.- Debatir la posibilidad de crear un estado federal o por lo menos de radicalizar los procesos de descentralización (no de autonomías en los términos presentados por el partido social cristiano), para lo cual proponemos la creación de tres distritos regionales consentido horizontal esto es distritos norte, centro y sur.
7.2.- Impulsar la revocatoria del mandato para todas las dignidades de elección popular nacionales y seccionales, que debe proponerse ante la Corte nacional Electoral con el respaldo del 5% de los ciudadanos que formen parte del padrón nacional o seccional en su caso, por motivos como enriquecimiento ilícito, incumplimiento al plan de trabajo presentado, hechos de nepotismo y más infracciones contra la administración pública y sobre hechos escandalosos que mermen la calidad a la que fueron elegidos. Esta revocatoria del mandato se realizará siguiendo el debido proceso en audiencias orales y públicas.
7.3.- Incluir un capítulo relacionado con la rendición de cuentas de los elegidos al país o a la provincia, cantón o parroquia a la que pertenecen.



ANEXO No 2
A más de las reformas estructurales que necesita la reconstrucción del Estado devastado en los últimos años, se establece que para lograr una mayor transparencia, eficiencia y responsabilidad en la administración pública se necesita:
«(i) adopción del principio de ciudadano cliente o usuario, con derechos mejor especificados y más efectivamente respetados;
(ii) definición de un nuevo perfil de administrador, ejecutivo o gerente público, guiado por la búsqueda de resultados y evaluado en consecuencia, sujeto a la rendición de cuentas y a la competencia no sólo al momento de la contratación;
(iii) establecimiento de contratos de gestión, que permiten explicitar los objetivos, misión y metas de las entidades ejecutoras y, a la vez, sirven de base para la evaluación de éstas;
(iv) separación de las actividades de financiamiento y prestación de servicios, como también de formulación y diseño de políticas públicas, incluidas las de regulación (centralizadas), respecto de las actividades de ejecución o administración (descentralizadas);
(v) reingeniería de procesos, con miras a simplificar los procedimientos y reducir la burocracia, minimizando los costos que entraña el cumplimiento de las obligaciones del ciudadano (por ejemplo, en materias arancelarias) y los tiempos requeridos para completar sus trámites y recibir atención; y
(vi) devolución de responsabilidades, derechos y obligaciones, desde el vértice de la pirámide de poder hacia los niveles intermedios e inferiores, aplicado tanto al campo laboral (donde las estructuras tienden a ser menos jerárquicas y más horizontales) como al fiscal (caracterizado por procesos de descentralización de recursos y competencias desde el centro a los gobiernos seccionales)»
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